Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte

Ciudad Juárez se encuentra en una zona desértica, a orillas del Río Bravo, frente a El Paso, Texas, justo en la frontera que separa a México de Estados Unidos. Tiene una población de aproximadamente 1, 300,000 habitantes; es la ciudad más poblada de Chihuahua, el estado más grande del país y, en 2010, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la declaró por segunda vez consecutiva la urbe más violenta del mundo; este organismo indicó que en el 2009 se reportaron 191 homicidios por cada 100,000 habitantes en esta ciudad[1]. Es aquí donde hace más de 17 años se ha venido ejecutando una serie de asesinatos de niñas y mujeres cuyas edades oscilan entre los cinco y los 35 años. De 1993 a la fecha, según reportes de diversas organizaciones, se han cometido más de 600 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hay entre 600 y mil desparecidas. En el año 2009 se encontraron 140 cuerpos sin vida[2] y se reportó la desaparición de varias jovencitas, con una edad promedio de 17 años.

Las víctimas son mujeres de escasos recursos, estudiantes, obreras, empleadas de maquiladoras[3]; muchas son migrantes de otros estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”. En su mayoría son jóvenes, bien parecidas, de tez morena, de pelo y ojos oscuros y de escasos recursos económicos. Muchas son madres solteras o ayudan a la manutención del hogar. Las victimas suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente, mutiladas partes de su cuerpo y finalmente asesinadas, ya sean estranguladas, apuñaladas, quemadas o desangradas a causa del alambre de púas con las que son inmovilizadas. Muchos de los cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas de quemaduras de cigarrillos, la carne mordisqueada, evidencias de violencia sexual extrema y señales de prolongados tormentos.

A este fenómeno, digno de una película de terror, se le ha denominado feminicidio[4], el asesinato brutal y sistemático de mujeres, en el que se ven involucrados, por un lado,  el crimen organizado y, por el otro,  las autoridades del gobierno. Cabe hacer notar que no estamos hablando de violencia doméstica, que también la hay; en este caso particular se trata de una serie de asesinatos perfectamente planeados, organizados y sistematizados que han alarmado y llamado la atención de investigadores del FBI, de periodistas, de defensores de derechos humanos y de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, entre otras.

Irónicamente, en décadas recientes, Ciudad Juárez fue llamada “la mejor frontera de México” ya que, a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, en esta ciudad, así como a lo largo de la frontera, se instalaron las maquiladoras. A partir de entonces comenzaron los asesinatos.

Matanza de mujeres

Después del crimen, las siguientes víctimas son las madres y familiares de estas niñas y mujeres masacradas. Son ellos los que encuentran el cuerpo sin vida de su hija, madre, novia, amiga, esposa, prima o hermana, abandonado en un lote baldío o apenas oculto bajo las arenas del desierto, descubriendo así la forma como fue ejecutada la joven e imaginando el sufrimiento que soportó durante su cautiverio. En muchos casos, las víctimas son reconocidas sólo por sus ropas, por la dentadura o por alguna seña particular, ya que el resto del cuerpo está irreconocible. Y es importante aclarar que, invariablemente, los cadáveres han sido encontrados por gente que transitaba por el lugar, jamás por elementos policiacos.

Como si este dolor no fuera suficiente, las familias deben tolerar la absoluta ineficiencia, negligencia e insensibilidad de la policía, de las autoridades locales, de los gobernadores del estado y del propio presidente mexicano en turno. Porque desde hace 17 años los responsables de la seguridad, en contubernio con los medios de información y los empresarios juarenses, se han dedicado a desprestigiar a las víctimas acusándolas de ser prostitutas, drogadictas, personas sin valores, mujeres que salen de sus casas a buscar el peligro. Y aunque este no es el caso, si lo fuera, no hay nada que justifique semejantes atrocidades contra prostitutas o drogadictas.

Por otro lado, el gobierno disminuye constantemente el número de crímenes; además, los gobernadores del estado y los presidentes del país, provenientes de partidos de centro y de derecha, hacen caso omiso de las recomendaciones y llamados de atención internacionales. Tampoco prestan oídos a los reclamos de justicia de las madres, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los procuradores de justicia, así como los y las fiscales especiales pierden o desaparecen pruebas de vital importancia como la ropa de las víctimas en las que se encuentran muestras, ya sea de sangre, cabellos y/o semen.

Para colmo de males, los medios de comunicación y los empresarios locales acusan a aquellos que claman elemental justicia, de “vende-patrias” y “de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez”. Esto se suma a otras intimidaciones y amagos, incluyendo amenazas de muerte, a quienes demandan el cese de la ola de ejecuciones, el fin de la violencia y se resuelvan de una vez por todas estos crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el gobierno, lejos de investigar, juzgar y castigar a los responsables de estas atrocidades, los premia. Este es el caso del ex gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas[5], a quien se le acusa de una conducta misógina y de denigrar a las mujeres juarenses justificando sus asesinatos con argumentos como que “las mujeres son responsables por vestir minifaldas”, “por salir a altas horas de la noche”, acusándolas  de vivir una doble vida y declarando que el número de masacradas “es normal”. A pesar de lo anterior, a este individuo se le nombró embajador en Canadá en enero de 2009.

Para documentar esta historia de ignominia con otro caso:  en marzo de 2005, mientras Marisela Ortiz Rivera -co-fundadora y co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa- daba una conferencia sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, el entonces ombudsman mexicano José Luis Soberanes acaparó la atención de todos… ¿Por qué? Porque el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se quedó dormido durante la conferencia.

Otro ejemplo repugnante es el de Arturo Chávez Chávez, quién, sin importar el rechazo y la oposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, en octubre de 2009 fue nombrado Procurador General de la República. Las investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre el feminicidio en Ciudad Juárez coinciden en que Chávez Chávez, siendo procurador de justicia de Chihuahua, cometió graves irregularidades durante las indagatorias en los crímenes, pues hubo franca demora en la búsqueda de las mujeres que eran reportadas como desaparecidas, hubo deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y no se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Para rematar, Chávez Chávez expresó que las mujeres eran culpables de sus propios crímenes por vestir ropas provocativas.  Por todo ello es inaceptable e indignante que el gobierno de Calderón haya nombrado a un enemigo de la justica en la institución que debe procurar la misma.

¿Cuántas muertas son muchas?

Hasta la fecha, y a más de 17 años de ejecuciones, las autoridades mexicanas no han resuelto satisfactoriamente ni uno de los más de 600 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Ni uno. La mayoría de las personas que están en la cárcel acusadas por estos crímenes son chivos expiatorios; mediante amenazas y bajo torturas fueron obligados a firmar sus declaraciones incriminatorias.

Algo que enturbia aún más el tema del feminicidio en México y que arroja graves sospechas sobre los gobernantes, es que los casos de las mujeres asesinadas no se hayan atraído al fuero federal (esto es, dejar de ser un problema local o estatal, para convertirse en uno nacional). El gobierno arguye, distorsionando como siempre las cifras, que “sólo se trata de unos 300 asesinatos”. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuántas mujeres asesinadas necesitará el gobierno mexicano para atraer estos casos y declarar zona de desastre humano a Ciudad Juárez? ¿Cuántas niñas y jóvenes más deberán ser masacradas para que se tomen cartas en el asunto? ¿No es suficiente el crimen contra una sola mujer para esperar la aplicación de la justicia? Esta barbarie parece no tener límites: las niñas Brenda Berenice Delgado Rodríguez de 5 años, Airis Estrella Enríquez de 7 años y Anahí Orozco de 10 años, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas. ¿Acaso no existe alguien en el gobierno mexicano que se conmueva y se decida a hacer algo para acabar con esta matanza de mujeres? Tal parece que la respuesta es muy simple: no.

Por su parte, a las maquiladoras que emplean mujeres pobres y obreras, evidentemente tampoco les importan sus vidas. Y esto se debe a que los empresarios saben que, a falta de una trabajadora asesinada, esperan afuera de la fábrica cientos de mujeres que necesitan conseguir un empleo, por más miserable que sea el salario. Así que, todo parece indicar que el asesinato de una mujer de escasos recursos económicos no le parece relevante a nadie; esto es, a todas luces, indicador de la misoginia y el clasismo de los responsables de procurar la seguridad de la población y de las trabajadoras.

Cuerpo de mujer: peligro de muerte

Las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas, pero algunas de las que se manejan son las siguientes: La realización de películas snuff; estas cintas son grabaciones de asesinatos reales con el fin de registrar estas atrocidades y posteriormente distribuirlas comercialmente como macabro “entretenimiento”. Otra hipótesis es: llevar el pezón de una mujer, violarla o asesinarla puede ser considerada como una prueba de “valor” o “virilidad” para los nuevos integrantes de pandillas o de bandas de narcotraficantes que abundan en el país. También se habla de ritos satánicos, y de fiestas –en realidad, orgías-, de empresarios y / o gente vinculada a los gobiernos local y federal donde, como parte de la “diversión” se viola a jovencitas y, al final, se les sacrifica.

Sin embargo y aunque no sepamos quiénes son los asesinos intelectuales y materiales de estos crímenes ni cuál sea su móvil, lo que sí sabemos es que la policía, las autoridades y los gobiernos estatal y federal no hacen nada para evitar, investigar y erradicar esta violencia de género. Como la impunidad en torno a estos asesinatos es absoluta, Ciudad Juárez se ha convertido en tierra fértil para que, por los motivos que sean, se cometan homicidios contra las mujeres. Porque la ecuación es simple: a mayor la impunidad, más generación de crímenes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿a quiénes encubren y protegen los distintos representantes del gobierno mexicano? ¿Qué ganancias y beneficios obtienen de estos crímenes? Porque al entorpecer las investigaciones e impedir la justicia surgen, entre otras, estas interrogantes que levantan graves sospechas. Así que, definitivamente el gobierno mexicano es, cuando menos, cómplice, por omisión, encubrimiento y negligencia, de los asesinos cometidos en Ciudad Juárez.

Lo más terrible es que, ahora, el gobierno mexicano cuenta con más excusas para justificar la violencia desbordada en Ciudad Juárez; esto se debe a la guerra emprendida por el Estado contra el narcotráfico, ofensiva que en muchos sectores de la sociedad es vista como un rotundo fracaso y como un pretexto para militarizar el país. Desde el inicio de este operativo, Juárez se ha vuelto una ciudad sin ley; diariamente fallecen decenas de personas superando con creces las muertes sufridas por la invasión a Irak; prueba de ello es que sólo en los primeros 11 días de enero de este año han habido 104 ejecuciones. Por eso, hoy en día, Ciudad Juárez se ha convertido en el sitio por excelencia para morir a manos del ejército, de sicarios o de pandilleros.

Alarmantemente, el feminicidio se ha ido extendiendo a otros rincones del país. Por ejemplo, en el estado de Morelos, tan sólo en un año, se reportaron 84 feminicidios. En el estado de Sinaloa, en 2009, se registraron 31 asesinatos. En el Estado de México, en los recientes 4 años, han habido 672 crímenes, de los cuales el 89% de los casos permanecen impunes, lo cual ha convertido a esta entidad en la campeona en tasa de feminicidios en el país, superando con creces las cifras de Ciudad Juárez. De 1999 a 2008 hubo más de 10 mil feminicidios en México[6]. Resumiendo: en el país mueren anualmente como víctimas de feminicidio,  unas mil 200 mujeres aproximadamente.

La condena de la CIDH vs. el Estado mexicano

Como una luz de esperanza, el 23 de febrero de 2009, dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia sin precedentes contra el Estado mexicano; se trata del caso de tres mujeres que fueron asesinadas, con signos de tortura, mutilación y violación, halladas junto con otras cinco mujeres en el Campo Algodonero, en 2001. En noviembre de 2009 la CIDH dictó una sentencia condenatoria, la cual es una sentencia histórica por ser la primera vez que un tribunal internacional condena a México por violar los derechos humanos de las mujeres en Juárez. Este es un caso  emblemático, porque es el primero que juzga la Corte de casi 600 feminicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez desde 1993[7]. Esta decisión obliga al Estado mexicano a modificar las estructuras gubernamental, legislativa y judicial, así como a investigar,  atender a las víctimas y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. La condena ordena al Estado mexicano, entre otras cosas, a reparar el daño a los deudos, reconocer públicamente que vulneró garantías fundamentales, modificar leyes y estructuras para atender delitos de género, investigar el asesinato de las tres mujeres y las omisiones en que incurrieron diversos funcionarios públicos.

En entrevista, Irma Monreal, madre de una de las jóvenes encontradas en el Campo Algodonero, declaró en relación a la condena de la CIDH: “Durante ocho años las autoridades de Chihuahua y las federales me pisotearon y humillaron. No atendieron mis ruegos de justicia ni fueron sensibles con el dolor de una madre por la pérdida de su hija… Son tantas cosas, tanto nos ha lastimado el gobierno. No se conformó con la pérdida de una niña muy querida, sino que todavía pisotearon nuestros derechos como madre y familiares. El gobierno no se ha tomado la molestia de saber e involucrarse en esto. Lo único que he pedido en estos ocho años es que el crimen de mi niña no quede impune.[8]

La periodista Diana Washington de El Paso Times escribió al respecto: “Las autoridades mexicanas fracasaron en investigar adecuadamente los asesinatos cometidos en contra de tres jovencitas en Juárez, en franco desacato a los tratados internacionales suscritos por México… Con base a tales tratados, el gobierno de la República Mexicana tiene obligación de acatar las sanciones y no puede apelar el dictamen.[9]

Por su parte, María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expuso: “El Estado aún tiene cuentas pendientes con muchas mujeres. La resolución de la Corte señala que el feminicidio no es un mito, como planteó el ex presidente Vicente Fox[10], sino una realidad.[11]

Falta ver si el Estado mexicano atiende debidamente el compromiso al que esta obligado frente a la CIDH. Porque aunque México promueva en el extranjero la imagen de defensor de derechos humanos y firma tratados y acuerdos internacionales, en la actualidad es el primero en violarlos y no sólo en lo relativo a feminicidios. A esta incongruencia entre el discurso y la realidad, Irene Khan, ex secretaria general de Amnistía Internacional, tras su visita a México en 2007, la calificó de “política esquizofrénica”[12]. A este respecto, Amnistía Internacional ha documentado la cantidad de violaciones sexuales y a los derechos humanos por parte del ejército contra la población civil, principalmente en comunidades indígenas, muchas de ellas simpatizantes con el zapatismo[13]. Otros ejemplos de graves violaciones que no han sido atendidas ni resueltas en lo mas elemental son: el asesinato de dos jóvenes y la violación de más de 30 mujeres durante la brutal represión policiaca en San Salvador Atenco en 2006; los asesinatos del periodista independiente Brad Will y de la defensora de derechos humanos Marcella Salli Grace, los dos norteamericanos; la violación tumultuaria por parte de soldados, y posterior muerte de la indígena doña Ernestina Ascencio; el asesinato de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras indígenas triquis de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”; los crímenes de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido y el del joven estudiante Pável González, ambos casos en los que el Estado insiste en declarar como “suicidios” cuando las evidencias demuestran que fueron homicidios. Ni qué decir de la matanza de estudiantes a manos del ejército en Tlatelolco en 1968, o las masacres de Acteal, El Charco, El Bosque, Aguas Blancas o los muertos por la represión en Oaxaca de 2006. Todos estos casos no han sido resueltos y los responsables permanecen sin castigo. Por eso la condena de la CIDH es un hito en la justicia y una luz de esperanza contra esta impunidad institucionalizada que viene extendiéndose y perpetuándose desde hace décadas, solapada desde las altas esferas del poder, con la siniestra alianza entre el PRI y el PAN, partidos de centro-derecha y extrema derecha respectivamente.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa

En febrero de 2001, en Ciudad Juárez, la joven Lilia Alejandra García Andrade se despidió de su madre e hijos y salió de su casa para no volver jamás. Fue secuestrada por varios hombres, agredida sexualmente, torturada durante varios días y finalmente asesinada. A raíz de este crimen, su madre, Norma Andrade, y su maestra, Marisela Ortiz, fundan la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa[14], conformada por un grupo de familiares y amigos que desde entonces se han dedicado a denunciar, denunciar y erradicar los crímenes de niñas y mujeres en esa ciudad y en el resto del país.

A consecuencia de esta lucha, Norma Andrade, Marisela Ortiz y otros miembros de la organización han sufrido frecuentes balaceras, intimidaciones, persecuciones y amenazas de muerte. En noviembre de 2009 fue asesinado Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz, activista y estudiante de diseño gráfico. Su muerte fue producto de la extrema violencia que hay entre miembros del crimen organizado y que se vive cotidianamente en Ciudad Juárez, misma que el gobierno estatal y federal no ha podido frenar ni eliminar.

“En Ciudad Juárez cada vez más se incrementan los crímenes de hombres y mujeres. Vivimos entre el miedo y la impotencia. El pasado domingo 3 de enero asesinaron a Josefina Reyes, una luchadora social a quien después de secuestrarle a uno de sus hijos y posteriormente asesinarle al otro, protestó públicamente y se puso en huelga de hambre para exigir investigación y la salida del Ejército de esta ciudad, ahora se piensa que el propio ejército la ejecutó ya que recibió varias amenazas. Con estos hechos pueden ustedes tener idea del riesgo en que vivimos. También a Leobardo Alvarado, conocido luchador social que ha exigido el retiro de las fuerzas armadas y denunciado los abusos de los soldados, una semana atrás el ejército secuestró a tres miembros de su familia sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero. El exterminio está declarado para quienes hacemos protesta y defendemos los derechos humanos”, escribió Marisela Ortiz.

Por otro lado, Nuestras Hijas de Regreso a Casa sostiene, entre otras actividades, a la radio comunitaria Radio-Fem y el Proyecto de la Esperanza, la cual se dedica a atender física, emocional y psicológicamente a huérfanos de mujeres asesinadas.

Hay que destacar que algunos miembros de la comunidad artística nacional e internacional han demostrado su apoyo y solidaridad con ésta y otras organizaciones, a favor de esta causa. Muestra de ello son la marcha de protesta del “V-Day” en 2004 encabezada por las actrices Jane Fonda y Sally Field, junto con la escritora Eva Ensler, autora de “Los monólogos de la vagina””; los premiados documentales “Señorita Extraviada” de Lourdes Portillo, “Bajo Juárez” de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, y “Juárez: la ciudad donde las mujeres son desechables” de Alex Flores y Lorena Vassolo; películas como “Bordertown”, con Antonio Banderas, protagonizada y producida por Jennifer López[15]; la obra de teatro –documental “Mujeres de Arena”[16] montada en 13 países, así como los libros “Cosecha de Mujeres” de Diana Washington y “Huesos en el Desierto” de Sergio González Rodríguez, entre otras manifestaciones artísticas, culturales y periodísticas, las cuales han servido de herramienta para informar y denunciar este feminicidio, así como señalar y cuestionar la falta de acción del Estado mexicano.

Actualmente México es sinónimo de impunidad

Por los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez y las demás violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho del país, se puede afirmar categóricamente que hoy por hoy en México impera la impunidad. En México se violan los derechos humanos de lunes a domingo. En México se practica cotidianamente la tortura. En México hay presos políticos y se criminaliza la lucha social. En México ser activista y defensor de derechos humanos es arriesgar la vida. En México se mata mujeres por el sólo hecho de ser mujeres.

El feminicidio en Ciudad Juárez y el resto de México es una vergüenza nacional. La falta de acción, la indolencia y la indiferencia ponen en evidencia el sexismo, machismo, misoginia, clasismo y racismo de los gobiernos mexicanos. Ante este panorama, las preguntas que surgen son: ¿qué hacer en un país cuyo gobierno, lejos de garantizar la paz de sus habitantes, la quebranta diariamente? ¿Qué hacer si los responsables de preservar la indispensable paz a la que tiene derecho la población, la violentan cotidianamente? ¿Qué hacer para acabar con la impunidad que fomenta el gobierno mexicano y cómo poder alcanzar la más elemental justicia? ¿Cómo hablar de paz, democracia y justicia si en México éstas son para unos cuantos y la impunidad es el cobijo de los poderosos?

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos anhelamos un país donde las niñas y las mujeres puedan caminar tranquilas, ir a sus trabajos o escuela y poder volver de regreso a casa. Queremos paz y justicia, pero el Estado mexicano no pone el menor empeño en garantizar estos derechos fundamentales y es el primero en violentarlo todo el país. Hoy en día, en México la única paz que existe, la única paz que promueve el Estado mexicano… es la paz de los sepulcros.

Y a tres metros bajo tierra, las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Lilia Alejandra, Alma Mireya, Brenda Berenice, Sagrario, Airis Estrella, Araceli, Claudia Ivette, Esmeralda, Laura Berenice, Hilda Gabriela, María Guadalupe y el resto de nuestros muertos, claman justicia, sólo la mas elemental de las justicias.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres conscientes exigimos al gobierno mexicano que cese la impunidad en torno a estos asesinatos y que haya voluntad política para combatir la violencia de género en todo el país.

Por último, a los lectores, como una acción solidaria, los invitamos a enviar mensajes de apoyo y consuelo a las madres y familiares a nuestrashijas@gmail.com.

 

 

 


[1] «Ciudad Juárez es elegida por segundo año consecutivo como la más peligrosa del mundo», latercera.com, 11 de enero de 2010

[2] «Ciudad Juárez llega a 140 feminicidios este año», El Economista, 10 de diciembre de 2009

[3] Empresas ensambladoras transnacionales que no pagan aranceles

[4] Marcela Lagarde, teórica, antropóloga y diputada mexicana, escogió la voz feminicidio para hablar de genocidio contra las mujeres

[5] Gobernador de derecha por el Partido de Acción Nacional (PAN), de 1992-1998

[6] Marcela Lagarde, «Estima ONG 10 mil feminicidios en México en 10 años», El Universal, 14 de agosto de 2008

[7] La sentencia se encuentra en http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=327

[8] Emir Olivares, «Ocho años de maltrato en Chihuahua», La Jornada, 12 de diciembre de 2009

[9] Diana Washington, «Fallo de Corte Interamericana por feminicidios en Juárez», El Paso Times, 12 de diciembre de 2009

[10] Presidente de derecha por el PAN, de 2000 a 2006

[11] Emir Olivares, «Histórico, el fallo de la CIDH sobre tres feminicidios en México: abogados», La Jornada, 12 de diciembre de 2009

[12] Emir Olivares «Su política, esquizofrénica: AI», La Jornada, 8 de agosto de 2007

[13] Movimiento indígena encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

[14] Blog http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/

[15] Por su labor en esta película, Jennifer López obtuvo el premio Artist for Amnesty de Amnistía Internacional en 2007

[16] http://mujeresdearenateatro.blogspot.com

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